lunes, 10 de diciembre de 2012
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Moción contra la supresión y/o agrupación de Municipios
El Consejo de Ministros del Gobierno de España, reunidos el
pasado viernes 28 de Abril, remitió a la Unión Europea y a la Comisión Europea
el Programa de Reformas de España 2012 y El Programa de Estabilidad de España
2012-2015. Así en el Primer documento, dentro del apartado de ‘Modernización y
Racionalización de las Administraciones Públicas’ en el punto 2.4, expone como
medidas la delimitación de competencias locales y su financiación y la
agrupación de municipios en función de la población.
Así de esta forma el Ejecutivo anuncia que los Ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes se verán obligados a fusionarse con otro o
desaparecer, para la supresión de administraciones, a su juicio innecesarias y
reducir el coste que estas suponen.
De esta forma y con estas bases, el Municipio de Láchar, con
una población de 3.179 habitantes se vería en la necesidad, de bien agruparse a
alguna administración local cercana, o desaparecer para ser competencia de
algún Ayuntamiento también cercano.
La Constitución Española, en el Título de la Administración
territorial del Estado, en su Capitulo Segundo, tratando las Administraciones
Locales, y más precisamente en su artículo 140, dice que “La Constitución
garantiza la autonomía de los municipios”.
Así mismo en el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
encontramos que en el título tercero, de la Organización Territorial de la
Comunidad Autónoma, en el artículo 91, “se garantizará la plena autonomía de
los municipios en el ámbito de sus intereses” y que se desarrolla en el grueso
de la Ley 5/2011, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Con esto, los Socialistas pensamos que en primer lugar se
está violando los dos textos legales más importantes para los Andaluces,
Lachareños y Peñoleños, con este tipo de medidas. En segundo lugar nos parece
una desfachatez autentica intentar desmontar administraciones que más allá de
su trabajo documental, juegan un gran papel en la identidad e idiosincrasia de
los distintos municipios, y en tercer y último lugar denunciamos públicamente
que fuentes cercanas al PP, hagan público que estas actuaciones se harán si o
si, ya que las competencias de los Ayuntamientos se verán disminuidas hasta
perder toda sus funcionalidad.
Así los Socialistas alertamos a los ciudadanos y ciudadanas
de los municipios que se ven representados en las corporaciones locales de los
Ayuntamientos, ya que esta representación se verá cuanto menos truncada por las
diferentes uniones entre entes locales, sin haber concluido la presente
legislatura.
De esta forma el grupo Socialista del Ayuntamiento de Láchar
expone:
Que rechaza cualquier medida que pretenda la agrupación o
supresión de municipios sin la voluntad favorable de los mismos.
Que se haga efectiva la pronunciación al respecto de la
Excma. Diputación Provincial de Granada.
Que el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el ámbito de
sus competencias, garantice que en el ámbito territorial de Andalucía no se
agrupen o supriman municipios sin la voluntad favorable de los mismos, en
defensa del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Ley 5/2011, de 11 de
Junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Que el Pleno del Ayuntamiento de Láchar apruebe esta moción
y que en caso afirmativo de traslado a las Administraciones territoriales
competentes.
Moción en defensa del mantenimiento del Partido Judicial de Santa Fe
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El
19 de abril, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial –en adelante,
CGPJ- aprobó un documento que contiene
los principios y criterios básicos para nueva demarcación judicial. El propio
CGPJ establece que la aplicación de estos criterios permitirá la reducción de
los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. Una
de las bases, a las que se hace alusión para el diseño de un nuevo mapa de
partidos judiciales, es que las circunscripciones resultantes habrán de tener
una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los
núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de
las vías de comunicación existentes.
Paralelamente,
el Ministerio de Justicia trabaja en su propia propuesta pero en la misma línea
de agrupar juzgados para ahorrar coste y que afectará a municipios que perderán
su juzgado y que propiciará, entre otras consecuencias, que los trabajadores de
éstos que deban ser trasladados.
De
materializarse esta nueva distribución y la supresión de este Partido
Judicial nuestro pueblo y su comarca
perderían un servicio público esencial para toda su población, viéndose avocada
a desplazarse hasta la zona norte de la provincia para hacer uso del mismo. Con las consiguientes molestias y el
incremento del precio de los honorarios por los servicios de abogacía que
recaerían en los usuarios del mismo.
Por
otro lado. La lejanía de este servicio podría tener un efecto ”disuasorio” para
el ejercicio del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos reconocidos en
el art. 24 de la
Constitución Española y afectaría a las clases más
desfavorecidas.
Desde
el PSOE estamos convencidos de que una de las principales fortalezas de
Andalucía es su cohesión territorial, que asienta la población al territorio y
que viene dada por garantizar a la ciudanía unos servicios públicos esenciales
que estén a su alcance, viva donde se viva. Es precisamente en zonas rurales
como esta comarca, que viene perdiendo población, en donde los poderes públicos
deben asegurar la permanencia de los mismos.
El Gobierno de España plantea así una auténtica
contrarreforma, con una política en
materia de Justicia basada exclusivamente en criterios económicos y
gerenciales: Proponiendo la privatización de bodas y divorcios, anunciando un
incremento de las tasas judiciales y estableciendo el pago para acudir a la
segunda instancia. En definitiva, una Justicia más desigualitaria y al alcance
de unos pocos, quienes puedan permitírsela.
En
base a lo anterior se realizan las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Solicitar
al Gobierno de España la permanencia del Partido Judicial de Santa Fé garantizando a la población de esta
comarca un servicio público esencial.
2. Solicitar
a la Subdelegación
del Gobierno en Granada, y a su titular, para que realice todas las gestiones
posibles para que el Ministerio de Justicia aplique criterios políticos y
sociales que aseguren los juzgados en Santa Fé.
3. El
rechazo y oposición a la desaparición de órganos judiciales de Santa Fé.
4. Comunicar
al Ministerio de Justicia la necesidad de contar con el Gobierno de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias para que sean copartícipes de cualquier reforma que
afecte a nuestra Comunidad Autónoma.
Moción por el mantenimiento de los Alpes y promotores de empleo
EXPOSICIÓN DE MOTIVO
Desde el año 2003 el Gobierno andaluz
gestiona directamente la aplicación de las políticas activas de empleo
basándose en un modelo cuyos principales ejes de actuación son la orientación
profesional, la formación para el empleo, el fomento de la contratación y el
autoempleo, así como la promoción del desarrollo local, otorgando atención
preferente a aquellos colectivos que tienen especiales dificultades para
acceder al mercado de trabajo. Estas políticas tienen como finalidad mejorar
las posibilidades del 1.043.714 desempleados registrados en nuestra comunidad
para acceder a un empleo, una oportunidad de formación, así como otras acciones
destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
Según la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, los fondos de los Presupuestos Generales del
Estado que financian las políticas activas de empleo gestionadas por las
Comunidades Autónomas se distribuirán cada año territorialmente siguiendo
criterios de reparto objetivos establecidos por la Conferencia Sectorial
correspondiente.
En la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de mayo se hizo oficial el recorte
del 56,9% que en 2012 sufren las políticas activas de empleo en los
Presupuestos Generales del Estado, pasando de una dotación en 2011 de 3.061
millones de euros a 1.318 millones de euros.
Y es un recorte de exclusiva
responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues si bien es
cierto que los Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2% y los del
Ministerio un 7,4%, los fondos para políticas activas de empleo que gestionan
las CC.AA. lo hacen en un 56,9%.
Además del mencionado recorte, el
presupuesto se distribuye entre las Comunidades Autónomas de manera injusta
pues no se actualizan los datos ni se tiene en cuenta la realidad de los
mercados de trabajo existentes en cada una de ellas. Esta nueva distribución
provoca que, si bien todas las Comunidades Autónomas reciben menos fondos que
en años anteriores para insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía
salga sensiblemente perjudicada en relación con las demás regiones, poniendo en
serio peligro las estructuras y servicios que en nuestra región se dedican a la
lucha contra el desempleo, entre otros, ALPEs y promotores de empleo.
Andalucía dejará de percibir 396
millones en las transferencias de las Políticas Activas de Empleo que realiza
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esos 396 millones, 35 dejarán de
recibirse por no aplicar el Ministerio los criterios acordados en Conferencia Sectorial
el pasado 24 de mayo para distribuir los fondos entre las Comunidades
Autónomas.
La no aplicación de los criterios
perjudica fundamentalmente a las Comunidades de Extremadura y Andalucía, y
beneficia a las Comunidades de Madrid, Galicia y Valencia. Mediante disposición
adicional en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno palia los
recortes de Extremadura realizando una subvención nominativa extraordinaria de
4 Millones de euros para un Plan Integral de Empleo en esa comunidad, que han permitido
al Gobierno de Extremadura garantizar el mantenimiento de los 198 ALPEs con una
dotación de 2,8 millones de euros. Estos
4 millones de euros adicionales para Extremadura son fruto de una enmienda
presentada a instancias del Partido Popular de Extremadura.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo
Socialista del Excelentísimo Ayuntamiento de Láchar propone para su
aprobación el siguiente:
ACUERDO
Uno. Exigir al Gobierno de España modificar
el criterio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por el que los fondos
para las políticas activas de empleo gestionadas por las CC.AA. decrecen en un
56,9% cuando los Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2% y los del
Ministerio un 7,4%.
Dos. Instar al Gobierno andaluz a asumir durante tres meses,
hasta el 30 de septiembre, la financiación de los ALPEs, directoras y
directores de UTEDLT, y promotores de empleo, en las condiciones que permita su
capacidad presupuestaria, al objeto de posibilitar que el Gobierno de España reconsidere
la merma de recursos para las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad,
y por tanto la continuidad de estos programas.
Tres. Reclamar al Gobierno de España los 35
millones de euros que se deja de percibir por la decisión del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social de no aplicar “los criterios de distribución
aprobados en la reunión de la Conferencia Sectorial de empleo y asuntos
laborales celebrada el 23 de junio de 2009” como literalmente recoge el certificado
de fecha 24 de mayo de 2012, del Secretario Permanente de la Conferencia. La
obtención de estos recursos posibilita el mantenimiento de la actividad de los
ALPEs y de los Promotores de Empleo.
Cuatro. Exigir al Gobierno de España que
articule y dote de manera suficiente un Plan Integral de Empleo de Andalucía,
como ha financiado en Extremadura, que permita la continuidad de los ALPEs y
Promotores de Empleo que tenga en cuenta las características actuales del
mercado de trabajo en Andalucía y que dé cobertura a las acciones y servicios
que la Junta de
Andalucía destina a combatir el desempleo.
En Láchar, a 11 de junio de 2012
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