EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El
19 de abril, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial –en adelante,
CGPJ- aprobó un documento que contiene
los principios y criterios básicos para nueva demarcación judicial. El propio
CGPJ establece que la aplicación de estos criterios permitirá la reducción de
los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. Una
de las bases, a las que se hace alusión para el diseño de un nuevo mapa de
partidos judiciales, es que las circunscripciones resultantes habrán de tener
una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los
núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de
las vías de comunicación existentes.
Paralelamente,
el Ministerio de Justicia trabaja en su propia propuesta pero en la misma línea
de agrupar juzgados para ahorrar coste y que afectará a municipios que perderán
su juzgado y que propiciará, entre otras consecuencias, que los trabajadores de
éstos que deban ser trasladados.
De
materializarse esta nueva distribución y la supresión de este Partido
Judicial nuestro pueblo y su comarca
perderían un servicio público esencial para toda su población, viéndose avocada
a desplazarse hasta la zona norte de la provincia para hacer uso del mismo. Con las consiguientes molestias y el
incremento del precio de los honorarios por los servicios de abogacía que
recaerían en los usuarios del mismo.
Por
otro lado. La lejanía de este servicio podría tener un efecto ”disuasorio” para
el ejercicio del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos reconocidos en
el art. 24 de la
Constitución Española y afectaría a las clases más
desfavorecidas.
Desde
el PSOE estamos convencidos de que una de las principales fortalezas de
Andalucía es su cohesión territorial, que asienta la población al territorio y
que viene dada por garantizar a la ciudanía unos servicios públicos esenciales
que estén a su alcance, viva donde se viva. Es precisamente en zonas rurales
como esta comarca, que viene perdiendo población, en donde los poderes públicos
deben asegurar la permanencia de los mismos.
El Gobierno de España plantea así una auténtica
contrarreforma, con una política en
materia de Justicia basada exclusivamente en criterios económicos y
gerenciales: Proponiendo la privatización de bodas y divorcios, anunciando un
incremento de las tasas judiciales y estableciendo el pago para acudir a la
segunda instancia. En definitiva, una Justicia más desigualitaria y al alcance
de unos pocos, quienes puedan permitírsela.
En
base a lo anterior se realizan las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Solicitar
al Gobierno de España la permanencia del Partido Judicial de Santa Fé garantizando a la población de esta
comarca un servicio público esencial.
2. Solicitar
a la Subdelegación
del Gobierno en Granada, y a su titular, para que realice todas las gestiones
posibles para que el Ministerio de Justicia aplique criterios políticos y
sociales que aseguren los juzgados en Santa Fé.
3. El
rechazo y oposición a la desaparición de órganos judiciales de Santa Fé.
4. Comunicar
al Ministerio de Justicia la necesidad de contar con el Gobierno de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias para que sean copartícipes de cualquier reforma que
afecte a nuestra Comunidad Autónoma.
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